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Reforzamiento Jurisprudencial del Juicio Notarial de Capacidad en los Testamentos

La Sentencia del Tribunal Supremo 936/2018, de 15 de marzo, ha supuesto un fortalecimiento jurisprudencial del juicio notarial de capacidad en materia testamentaria, lo que consolida a la relevante función del Notario en estos procesos.

Con un panorama jurídico en el que paulatinamente son más habituales las impugnaciones de testamentos otorgados ante notario, siendo frecuentemente motivo de tal impugnación la elevada edad del testador en el momento de otorgar testamento y, también, la modificación judicial de la capacidad del mismo; ha resuelto el Supremo en esta Sentencia atribuyéndole un rol aún más crucial si cabe al Notariado en la consideración de la capacidad para suceder.

Ciñéndonos al caso concreto que nos atañe en la Sentencia, una testadora (soltera, sin ascendientes ni descendientes) instituyó heredera universal en 1993 a una prima suya en testamento ante notario. En el momento en el que otorgó dicho testamento, el Ministerio Fiscal había promovido ya el procedimiento por el que posteriormente se sometería a dicha testadora a un régimen de curatela para la realización de actos de disposición, por lo que -pese a que el proceso de modificación de su capacidad judicial ya había sido iniciado- aún gozaba esta de plena capacidad. Además, una vez sometida la testadora al régimen de curatela ya mencionado, no se especificaba si podía o no otorgar testamento y si necesitaba curador únicamente para los actos dispositivos ínter vivos, o también necesitaría de este para los actos de disposición mortis causa.

En 2012, la testadora otorga de nuevo testamento, sin la asistencia de su curador, manteniendo lo dispuesto en 1993 y añadiendo únicamente un legado en favor de la hija de la heredera. El notario, en virtud del artículo 665 del Código Civil ("Siempre que el incapacitado por virtud de sentencia que no contenga pronunciamiento acerca de su capacidad para testar pretenda otorgar testamento, el Notario designará dos facultativos que previamente le reconozcan y no lo autorizará sino cuando éstos respondan de su capacidad") se apoyó para dar fe de la capacidad de la testadora en el testimonio de dos facultativos.

Una vez fallece la testadora, los testamentos fueron impugnados por algunos parientes que habrían sido llamados a la sucesión legal en el supuesto de que se declarase la nulidad de los mismos. Sin embargo, el Tribunal Supremo reconoció la validez de los mismos al apreciar una capacidad de juicio suficiente fundamentada en la voluntad clara, ratificada e inequívoca de la testadora confirmada por la opinión profesional del notario y el testimonio garantizador adicional de los dos facultativos, siendo además uno de ellos el médico de cabecera de la testadora desde hacía más de una década.

En cuanto a la duda de si una persona con capacidad judicialmente modificada y sometida al régimen de la curatela para actos dispositivos puede acogerse a la posibilidad del articulo 665 del Código Civil, el Tribunal Supremo considera que sí, dado que el artículo 662 del ya referido Código ("Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente") requiere de una prohibición expresa para que una persona no pueda testar. Adicionalmente, el carácter personal del testamento imposibilita otorgarlo al tutor y curador.