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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Alicante ha anulado la decisión del Ayuntamiento de Villena, que desestimaba una solicitud para la celebración de una corrida de toros, admitiendo así el recurso presentado por la Fundación del Toro de Lidia. 

En la Sentencia, el Juzgado reconoce que la tauromaquia es un patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, lo que supone un deber de protección por parte de los poderes públicos, recogiendo los argumentos establecidos por el Tribunal Constitucional en su reciente Sentencia de diciembre de 2018, sobre la Ley Balear que regula las corridas de toros, reiterando que no puede imponerse obstáculos insuperables que impidan su celebración. 

El Consistorio de Villena alegaba que la corrida era ``una celebración poco oportuna desde el punto de vista social y cultural de la ciudad ´´, lo que es contrario a una extensa línea jurisprudencial que remarca la conexión entre la fiesta de los toros y el patrimonio español. El Tribunal señaló que ``es evidente que la apelación debe ser estimada pues se evidencia que los motivos por los que se deniega la organización de la corrida de toros son contrarios a derecho por falta de motivación, basándose en opiniones subjetivas de los miembros de la Comisión de Cultura, que evidencian su contrariedad a tales espectáculos y ponen de manifiesto la arbitrariedad de la resolución recurrida´´. Por tanto, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Alicante  consideró que el Ayuntamiento de Villena carecía de competencia tanto para autorizar o denegar la celebración de espectáculos taurinos como para cuestionar los rasgos jurídicos que definen la tauromaquia como bien de interés cultural.

Desde la Fundación del Toro de Lidia consideran la Sentencia como un ``aviso a navegantes´´ para otras instituciones que en el futuro denieguen la celebración de espectáculos taurinos y afirman que volverán a solicitar autorización para el festejo causante del litigio, optando por los instrumentos legales que les brinda el ordenamiento penal, en el caso de que el Ayuntamiento de Villena vuelva a mostrar su negativa a permitir tal acontecimiento, por infringir la normativa y las resoluciones judiciales al respecto.